Evolución historica de la Agricultura Venezolana

En nuestro país se percibió el efecto de un régimen que no opuso trabas a la libre disponibilidad de los bienes agrarios, y tuvo que ser modificado, con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, actualmente derogada por el Decreto con rango y fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

El régimen imperante que existió, permitió el abuso de la disponibilidad de las tierras, ya sea por la concentración excesiva de las mismas, en un solo titular denominado latifundista, así como en la dependencia de un considerable número de arrendatarios y aparceros según la tradición de la voluntad del propietario de la tierra para poder continuar trabajando los predios dados en arriendo o como figuras jurídicas agrarias según la tradición, figuras hoy no permitidas en nuestra  legislación agraria actual. En tal sentido las distintas reformas agrarias trataron de eliminar estas irregularidades llegando al caso de liquidar el dominio tradicional, proponiendo otro más justo, en el cual el interés colectivo debía privar sobre el interés particular. Caso vigente en nuestro país la promulgación del Decreto con rango y fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo del año 2001, que estableció en la mayoría de sus artículos como base del desarrollo agroalimentario del país la justa distribución y redistribución de la tierra.

El régimen de tenencia de la tierra equivale a la relación jurídica entre el titular del dominio y la comunidad jurídica, en todo lo concerniente al poder del titular a disponer de la cosa, usarla solamente, o de usufructuarla. Por ello la antigua Ley de Reforma Agraria del año 1960 y la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario introdujeron cambios importantes en esta materia, tratando por todos los medios de fomentar la propiedad o el uso de la tierra de forma individual o colectiva, y coartando la posibilidad de concentrar el derecho de   dominio en un solo titular. La eliminación del latifundio ha sido la premisa de ambas leyes.

OBLIGACIONES LEGALES IMPUESTAS AL PROPIETARIO-POSEEDOR AGRARIO.

Para abordar el tema de las obligaciones legales impuestas al propietario-poseedor agrario, es necesario el estudio o análisis de la evolución de la estructura agraria, en especial en América Latina. Partiendo de la concepción de la propiedad privada la cual era un postulado de la Revolución Francesa como un derecho absoluto, sagrado e inviolable, como derecho económico del individuo, derecho este institucionalizado  durante el siglo XIX y bajo el cual se formaron grandes latifundios lo cual generó una gran desigualdad social, surge la necesidad de transformar la estructura agraria, para garantizar una justa distribución de la tierra y mayor justicia social.

La primera Guerra Mundial marcó una línea divisoria en la historia, ya que durante la misma fue decisiva la intervención de los Estados en las economías agropecuarias, ante los problemas que afectaban la producción, comercialización e industrialización de los productos agrarios. Es en este momento que se da inicio a un periodo transcendental de Reformas Agrarias, las cuales teniendo  como eje fundamental el principio de función social, se convirtieron en instrumentos políticos tendientes a solucionar el problema de la tierra con la finalidad de obtener la máxima utilización del suelo agrario y a modificar las injustas estructuras de la propiedad y posesión. El principio de función social fue acogido por muchas constituciones de países de América Latina y de Europa.

Referencia de esto, fue la Constitución Alemana de Weimar del 14 de Agosto de 1919, si bien reconocía la propiedad como derecho individual subjetivo, junto a él situó el deber del Estado de garantizar el uso social de la propiedad y la distribución de la riqueza: la propiedad, al tiempo que representaba un derecho, constituía un deber frente a la colectividad, pues la constitución garantizaba la propiedad, pero  “la propiedad obliga. Su uso ha de constituir al mismo tiempo un servicio para el bien general. El cultivo y la explotación de la tierra es un deber de su propietario para con la comunidad”. (Citada por Carroza y Zeledón Zeledón: Op. Cit, p.19).

En Venezuela, el principio de función social quedó consagrado de forma expresa en la Constitución de 1947, que garantizó el derecho de propiedad en virtud de su función social, quedando el derecho de propiedad privada territorial condicionado por la obligación de mantener las tierras y bosques en producción socialmente útil, al tiempo que se reconoció a las asociaciones de campesinos e indígenas el derecho a ser dotados de tierras y bosques para hacerlas producir, pronunciamientos que fueron ratificados por la constitución de 1961.

En otros países fueron las leyes, antes que las constituciones las que inicialmente limitaron el derecho de propiedad de la tierra al cumplimiento de la función social y al interés público o colectivo, como en caso de Argentina con la Ley de Colonización de 1940, en cuyo artículo 1º estableció que “la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo”. (Citado por Fernando Brebbia y Nancy malanos: Op, cit, p.7).

El principio de la función social de la propiedad adquirió vigencia universal, institucionalizándose en la mayoría de las constituciones dictadas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, no sólo en América Latina, sino también en Europa; como influencia directa de la Declaración de Filadelfia de 1944 en la que se proclamó que todos los seres humanos, sea cual fuere su raza, su creencia o su sexo, tenían el derecho de perseguir su progreso material y su desarrollo espiritual en libertad y en dignidad, con seguridad económica e igualdad de oportunidades, principios que se ratificaron y ampliaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Económicos y Sociales en 1948.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al tratar sobre el sistema socioeconómico de la Nación, hace énfasis en la agricultura como base estratégica de un desarrollo rural sustentable. El valor del ámbito agrario no se limita a los efectos económicos beneficiosos sobre la producción nacional, sino que trasciende dicha esfera y se ubica dentro de la idea, mucho más integral, del desarrollo humano y social de la población. Dentro de esta línea, la Constitución dispone que el Estado deberá desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria, medio de desarrollo rural, elevación de la calidad de vida de la población campesina, etc.

Para el logro de las finalidades, de rango constitucional, se establece la afectación del uso de todas las tierras, sean públicas o privadas, con vocación para el desarrollo agroalimentario. Esta afectación no constituye ningún tipo de gravamen, sino que se refiere a la ubicación del uso de tales tierras dentro de un marco jurídico distinto al del derecho común, viniendo a ser sencillamente una más de las “contribuciones, restricciones y obligaciones” con fines de utilidad pública o interés general de origen legal, a que la propiedad se encuentra sometida por definición de la propia Constitución en su artículo 115.

Artículo 115 de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Constitución Nacional Título III - Capítulo VII

Artículo 115: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

       

OBLIGACIONES LEGALES QUE IMPONE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO

1.- Todas las tierras privadas, quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional. (Artículo 2, Ordinal 5 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario)

3.- A los fines de tal registro debe consignarse:

ü  La información jurídica: Títulos suficientes de las tierras.

ü  La información física: Planos de las tierras.

ü  La información avaluatoria: Infraestructura de las aguas, bosques, vías de comunicación, condiciones existentes en el fundo, existencia de recursos naturales en el área

4.- Los propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrícola que se encuentren en producción, deberán solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un certificado de finca productiva, siempre y cuando esté ajustada a los planes de seguridad alimentaria establecidos por los organismos competentes.

En dicho certificado, el Instituto hará constar la extensión de las tierras de que se trate, la calidad de la tierra, los rubros de producción y demás elementos que permitan determinar la productividad de las mismas. (Artículo 41 LTDA)

5.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener la identificación del solicitante y la identificación de la extensión de la finca cuya certificación se solicita, con expreso señalamiento de sus linderos. A dicha solicitud deberán anexarse los siguientes recaudos:

ü  Estudio técnico que determine la productividad de las tierras de que se trate.

ü  Estudio técnico que determine el ajuste de las tierras á los planes y lincamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

ü  Propuestas de adaptación a los planes y lincamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional, cuando las tierras no sé encuentren ajustadas a esos planes.

ü  Información sobre la situación socioeconómica del propietario u ocupante.

ü  Copia certificada de los documentos o títulos suficientes que acrediten la propiedad o la ocupación.

ü  Constancia de inscripción en el Registro Agrario.

ü  Cualquier otra documentación que estime pertinente a los fines de ilustrar el criterio del Instituto Nacional de Tierras (INTI). (Artículo 42 LTDA)

6.- La certificación de finca productiva tendrá una validez de dos años contados a partir de su expedición, pudiendo ser renovada. (Artículo 45 LTDA)

7.- Si no se obtiene el certificado de finca productiva, debe solicitarse el certificado de finca mejorable, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación que informa la negación del certificado de finca productiva (Artículo 50 LTDA).

8.- Los propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrícola que no se encuentren productivas o se encuentren infrautilizadas, deben solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI), un certificado de finca mejorable, por el cual se comprometan a efectuar el mejoramiento y adaptación de su propiedad durante un término perentorio de dos años, de acuerdo con los planes y lincamientos que el Ejecutivo Nacional determine a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Dicho término se computará a partir de la expedición de la certificación correspondiente.

Si en el transcurso de los dos años antes referidos, el propietario no ha dado cumplimiento a lo establecido en la certificación, o lo ha hecho sólo parcialmente, comenzará a causarse el impuesto respectivo por cada hectárea de tierra ociosa ó de uso no conforme. Igualmente, la tierra en cuestión podrá ser rescatada o expropiada. (Artículo 49 LTDA)

9.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá contener identificación del solicitante, así como la plena y suficiente identificación de la extensión del terreno cuya certificación se solicita, con expreso señalamiento de sus linderos. A dicha solicitud deberán anexarse los siguientes recaudos:

ü  Manifestación de voluntad contentiva del compromiso de mejorar la finca conforme a los planes y lineamientos que determine el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

ü  Información de la situación socioeconómica del propietario u ocupante.

ü  Copia certificada de los documentos o títulos suficientes que acrediten la propiedad o la ocupación.

ü  Proyecto de mejoramiento ajustándose a los planes del Ejecutivo Nacional.

ü  Cualquier otra documentación que se estime pertinente a los fines de ilustrar el criterio del Instituto. (Artículo 50 LTDA)

10.- De no resultar procedente la certificación de finca mejorable, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), procederá a declarar a las tierras como ociosas o de uso no conforme, en cuyo caso se generará el impuesto correspondiente. (Artículo 52 LTDA)

11.- La certificación de finca mejorable tendrá una validez de dos años contados a partir de su expedición. (Artículo 53 LTDA)

12.- Vencido el plazo de validez de la certificación de finca mejorable, el propietario u ocupante deberá solicitar la certificación de finca productiva de conformidad con las previsiones de la presente Ley. (Artículo 55 LTDA)

13.- Los propietarios de tierras privadas y los poseedores de tierras públicas (sean propiedad de los órganos y entidades públicas y/o de otros entes de la administración pública descentralizada funcionalmente), deberán pagar el impuesto que grava la infrautilización de las tierras.

14.- Los propietarios de tierras privadas y los poseedores de tierras públicas, deberán inscribirse en la Sección Especial que para ellos llevará el SENIAT, sin menoscabo de la inscripción que deberán hacer en el Registro de Tierras que llevará el INT.

 Se ha podido evidenciar como a través de los procesos de Reforma Agraria en América Latina y en Europa, el concepto de propiedad absoluta que imperaba desde la época de la Colonia, en nuestro caso, por ejemplo, sufrió un cambio total al darle a la tierra una función social, destinada a garantizar la posesión efectiva y la justa distribución de la tierra, dándole al productor el control de ese factor tan vital para la producción como lo es la tierra. Pero ese cambio de concepto de propiedad absoluta si bien trajo consigo un cambio radical en la forma de tenencia de la tierra, también impuso una serie de obligaciones que deben cumplir los propietarios de tierras privadas, ocupantes, poseedores, aparceros, entre otros, que implican en primer lugar la posesión material y efectiva de la tierra, contribuyendo de manera directa y permanente en los procesos de producción agrícola para garantizar el verdadero sentido y fin de la función social de la tierra: la producción agroalimentaria y la justicia social y económica de la distribución de la tierra entre quienes la trabajan y producen.

 

 FUENTES BIBLIOGRAFiCAS.

 CASANOVA, Ramón Vicente: Derecho Agrario. ( Una Doctrina para la Reforma Agraria Venezolana), Mérida, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. (Colección “Justicia Et Jus”, Nº18), 1990.

LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO, Venezuela, 2010.