POLITICAS PUBLICAS AGRARIAS

Entrar a disertar respecto de la Planificación y Políticas Agrarias en Venezuela, inexorablemente nos lleva al análisis conceptual de ciertos términos que históricamente van obteniendo una connotación especial, entorno al contexto social en que se desarrolle. De allí que al hacer el análisis de la planificación y las políticas públicas agrarias, nos enfrentamos a la evolución de conceptos como "agrario", "agroalimentario"    y "agrícola". Al respecto, para la comprensión e interpretación del derecho agrario venezolano actual, estimamos adherirnos a la definición de Antonio Carrozza sobre el termino de "agrariedad", por considerar que es la que engloba todos los aspectos relacionados con lo agrícola, lo agrario y lo ambiental. Aclarado este aspecto, pasamos a revisar la evolución en materia de planificación desde la perspectiva del estado, encontrándonos como punto de partida, la llamada reforma agraria de los años sesenta, en la cual se alcanzaron algunos logros y conquistas (aunque no tan significativas), de resaltar por representar avances respecto al pasado. Sin embargo, se mantiene el latifundio y por tanto el poderío de las tierras en manos de grandes terratenientes. Es así, que hasta 1999, el constituyente da una connotación especial al derecho agrario, incorporándose como tema de interés nacional la producción de alimentos, estableciendo en cabeza del estado, la garantía de seguridad alimentaria, la promoción del desarrollo rural integral, la eliminación del latifundio y la promoción de distintas formas de asociación, como estrategia alternativa para el desarrollo de la agricultura; lo cual se deprende de los artículos 305 al 308 del texto constitucional; regulación que se complementa con la protección del medio ambiente; para de esta forma, asegurar la triangulación entre estado ambiente y desarrollo. Es a partir de la norma constitucional, cuando se definen el conjunto de políticas públicas que van a enmarcarse en los planes de desarrollo económico y social de la Nación (I y II). Para el desarrollo de estas políticas, se implementan un conjunto de normas que sirven de base a la nueva visión definida en materia agraria y ambiental, donde primordialmente destaca la Ley de tierras y desarrollo Agrario, ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, ley de mercadeo agrícola, ley de crédito para el sector agrícola, ley de silos, almacenes y depósitos agrícolas, ley del fondo de desarrollo agropecuario, pesquero, forestal y afines, ley de pesca y acuicultura, ley especial de asociaciones cooperativas, ley de creación, estimulo promoción y desarrollo del sistema micro-financiero, por solo enunciar algunas. Con ellas además, se implementa la estructura formal del estado a nivel de órganos administrativos, judiciales y demás instituciones publicas que van a ejecutar y controlar los distintos planes y proyectos destinados al cumplimiento lo preceptuado en la constitución. Finalmente, resulta claro que la nueva orientación del estado, esta dirigida a intervenir directamente como agente económico, estableciendo controles sobre la dinámica económica del país, promoviendo una nueva economía, que apuesta en distintas formas asociativas. Otro de los factores a resaltar por parte del estado en cuanto a sus políticas públicas en el sector económico, son las formas de integración,  las cuales indudablemente tienen su fundamento en la nueva  visión política y social denominada "nuevo socialismo del siglo XXI". Sobre el particular, se han podido observar diversos cambios en las relaciones económicas de Venezuela con otros países, sustituyéndose acuerdos como el ALCA, por la Alternativa Bolivariana para la America Latina y el Caribe, adversando los tratados de libre comercio y en contraposición, resaltando sistemas de integración como el Mercosur, Unasur, que en definitiva buscan no solo una estrategia en materia económica, sino que se desarrollan como sistemas de integración en los cuales se establecen políticas, destinadas a mejorar los sistemas de vida en materia económico y social de sus pueblos integrantes, con el propósito de compensar las asimetrias existentes entre los países. Como se ha podido observar a lo largo de este breve resumen, Venezuela ha sufrido un proceso de transformación que ha dejado algunos resultados en materia política, económica y social; preponderando el factor social como aspecto sensible en el desarrollo de las políticas publicas, el sector económico dándose paso a otras formas de asociación y organización tanto nacional como internacional. Al respecto, se evidencian resultados positivos y negativos, que en opinión de quien suscribe, obedecen al proceso de transformación que genera un conjunto de cambios dinámicos, cuyo efecto va a depender en gran medida, de la capacidad de adaptación de quien los implementa y el sector al cual llega. De modo que esta dinamización plantea un gran desafío para la población venezolana, tanto en el sector político, como en el sector económico y social.