La seguridad y soberanía agroalimentaria en Venezuela.
Autor: Dr. José
Ovidio Flores
Realmente tenemos seguridad y
soberanía alimentaria en nuestro país?. Para responder esta inquietante
pregunta es necesario definir los términos empleados, analizar las bases
constitucionales y legales de esta política pública, los instrumentos
empleados, así como sus resultados en un determinado periodo de tiempo.
Según la Real Academia Española,
el término “soberanía” es la cualidad de soberano, es decir el que ejerce o
posee autoridad o voluntad suprema e independiente. La soberanía nacional es la
que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales
representativos. Sin embargo, en el art. 3 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (1979) se planteó que la “La fuente de toda
soberanía reside esencialmente en la Nación..”. La distinción o similitud entre
pueblo y nación ha generado intensos debates que escapan al alcance del
presente ensayo. Solo destacaremos que en las constituciones de algunos países
de américa latina se establece tal diferencia (al menos de vocablo), pues la
chilena (Constitución de Chile 2005) hace radicar la soberanía en la nación
(art. 5) y en la venezolana se radica en el pueblo (Art. 5).
La denominada soberanía
alimentaria surge a raíz del debate sobre cómo garantizar la alimentación de la
población mundial. Este tema retornó a la agenda global alrededor de 1970,
liderado por organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (Del
Rocío et al. 2003, CINU 2014).
En la Declaración de Nyéléni
(2007), emanada del Foro por la Soberanía Alimentaria, realizado en 2007 Mali (África),
se definió la seguridad alimentaria como: "...el
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir
su propio sistema alimentario y productivo (...) La soberanía alimentaria da
prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y
otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca
artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la
distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental,
social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente,
que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los
consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición."
Algunos de los aspectos comunes en
el discurso sobre la soberanía alimentaria son (Carrasco & Tejada, 2008, p.
19): 1) Preferencia por la producción diversificada, segura, saludable y
ecológicamente sostenible, 2) La demanda por precios justos, la protección
frente a importaciones y la regulación de la producción, 3) Eliminación de
subsidios a agriculturas no sostenibles o que conllevan a la inequidad en la
tenencia de la tierra (ligado a la demanda de Reforma Agraria) y 4) Protección
de recursos marinos contra contaminación, degradación y malas prácticas.
Por su parte, según el World Bank
(1986, p. 1) la seguridad alimentaria es entendida como el acceso por toda la
gente, en todo tiempo, al alimento suficiente para una vida activa y saludable.
Sus elementos esenciales son la disponibilidad de una cantidad mínima de calorías
de los alimentos y la capacidad de adquirirlos. También introdujo el tema de la
inseguridad alimentaria y presentó su clasificación de acuerdo con las
condiciones que la propician.
En nuestro país, la seguridad alimentaria
(SA) tiene rango constitucional, según lo establece lo establece los Art. 156
(numeral 23), y el 305 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela). Otros artículos como el 306 y el 307 ejusdem, se orientan a crear
las condiciones necesarias para lograr la seguridad alimentaria. La SA también
tiene rango legal por mandato de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y de
la Ley de Seguridad Agroalimentaria. Otro instrumento de política pública fue
el Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013, en el cual se planteó la orientación del país hacia la construcción
del Socialismo del Siglo XXI, mediante siete directrices, entre las cuales se
incluye el Modelo Productivo Socialista, con una fuerte orientación a promover
la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, el Plan Socialista de Negocios
de PDVSA Agrícola 2011-2018 y las distintas misiones relacionadas con la
distribución o la producción de alimentos como MERCAL (resultó exitosa), PDVAL,
casas de alimentación, comedores escolares y populares y la Gran Misión Agro-Venezuela, entre otras.
En lo que respecta a la
evaluación de la ejecución de políticas públicas en el sector agropecuario
destinas a lograr la seguridad y soberanía alimentaria, se tiene que durante el
periodo 1998-2011 este sector experimentó un copioso financiamiento y una
significativa expansión del gasto público, que no fueron capitalizados en
resultados positivos. De hecho, los resultados de este sector son muy
dependientes, ya que el comportamiento de su producción presenta una acentuada correlación
con los ciclos petroleros y el crecimiento del PIB para toda la economía (Gutiérrez
y Ordoñez, 2011).
Las principales causas que
explican el fracaso de estas dos políticas son las siguientes. Para los muchos
productos agropecuarios se ha implementado una política de fijar precios
mínimos por debajo de los costos unitarios de producción, que son compensados con
subsidios a la tasa del crédito y a los insumos (alimentos balanceados,
combustibles, fertilizantes, semillas, otros), pero no se han logrado los
resultados deseados por diversas razones señaladas por los productores través
de sus gremios. Así, Fedenaga (2014) y Fedeagro (2014) señalaron que la merma de
la producción de algunos rubros se debe a la caída de la rentabilidad, el miedo
a invertir debido a las invasiones y expropiaciones de fincas, la inseguridad de
persona y de bienes en el campo, la incertidumbre en el suministro de insumos, en
cuanto a oportunidad, cantidad y calidad, ya que la empresa estatal Agropatria,
ha resultado muy ineficiente en comparación con la expropiada y nacionalizada
empresa Agroisleña, que fue la principal distribuidora de insumos agrícolas en
el país y financiadora de más de 20.000 productores agrícolas. Aunado a estas
razones, en el periodo 2009-2011 muchas áreas cultivadas fueron impactadas
negativamente por los factores climáticos (fenómeno del niño y la niña).
Para tener una visión en términos
monetarios de la situación agraria del país se puede apuntar que durante el periodo
1998-2011 tanto el PIB agrícola per cápita (PIBAPC) como el valor de la producción
agrícola per cápita (VPAPC) se mantuvieron estancados (tasas de crecimiento
interanual nulas). Esta última variable (VPAPC) mostró una tendencia declinante
hacia el final de periodo estudiado, al arrojar un decrecimiento de -1,1% durante
el periodo 2008-2011, de manera al término del año 2011 el VPAPC era prácticamente
igual al obtenido en el año 1998, lo que permite inferir una conclusión
relevante: las políticas agrícolas ejecutadas durante el periodo 1998-2011 no lograron
el objetivo de aumentar la producción agrícola para garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de la sociedad venezolana. Las importaciones de alimentos continúan
siendo altas, afectando a los productores nacionales y una gran mayoría de
venezolanos deben hacer grandes “filas” para proveerse de alimentos, entre
otros bienes. Por ello, urge una solución de cooperación y entendimiento
nacional para superar esta crisis.
Citas
bibliográficas
Carrasco Haydeé & Tejada Sergio. (2008).
Soberanía alimentaría: La libertad de elegir para asegurar nuestra
alimentación. Soluciones Prácticas – ITDG. Lima.
CINU (Centro de Información de la
Naciones Unidas) (2014). Alimentación. En: http://www.cinu.mx/temas/alimentacion/ (Fecha de consulta: 08-02-14)
Constitución de Chile (2005). En: http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf.
(Fecha de consulta: 08-02-14)
Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano (1789). Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente
francesa el 26 de agosto de 1789.
Del Rocío M., Álvarez-Dardet C., Ruiz,
M., & Gascón, E. (2003). Identificación de barreras a las políticas de
nutrición y alimentación en Colombia: estudio por el método Delfos. Rev Panam
Salud Pública, 14(3): 186-192.
World
Bank (1986). Poverty
and Hunger. Issues and Options for Food Security in Developing Countries. En: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/09/17/000178830_98101901455676/Rendered/PDF/multi_page.pdf. (Fecha de
consulta: 08-02-14)
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