DERECHO
CONSTITUCIONAL AGRARIO
ANÁLISIS DE LA
SENTENCIA DE LA SALA PLENA DEL T.S.J., SOBRE LA APLICACIÓN DE LA REFORMA PACIAL DE LA
L.T.D.A. AUN EN PREDIOS URBANOS
SEGUNDA PARTE
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:
Esta Sala observa:
El 14 de enero de 2013, el Juzgado Primero de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida se declaró incompetente por razón de la materia para conocer del asunto
planteado, fundamentado en:
·
La parte actora se reconoce en
autos como productor agropecuario o agricultor.
·
El actor demanda a la Empresa
Mercantil “AGROTEJAS”.
·
Demanda que “AGROTEJAS” reconozca
el contenido y firma del documento privado con opción a compra venta del terreno en cuestión.
·
Que del documento se deriva
que para su perfeccionamiento es necesaria la aprobación del INTI, lo que establece
la condición agraria del terreno
·
Solicita que “AGROTEJAS”
(demandada) sea condenada para que extienda el documento de propiedad del lote
de terreno, ubicado en la Aldea La Sabana Jurisdicción de la Parroquia la
Trampa, Municipio Sucre del Estado Mérida.
·
Solicita que en el
caso negado que “AGROTEJAS” se negare a
extenderle el documento de propiedad por ante el registro respectivo,
competente que este Tribunal llenos los requisitos legales, le expida el título
de propiedad del lote de terreno con los linderos y medidas del mismo.
·
Que la sentencia
definitiva, una vez que adquiera fuerza de cosa juzgada, sirva como título
suficiente de propiedad previa protocolización; para que surta los mismos
efectos que la escritura que no es otorgada por el vendedor, si este fuera el
caso, en este mismo acto.
·
Que la parte
actora depositará en este mismo tribunal la cantidad de Cincuenta Mil Bolívares
(50.000) para cumplir con la totalidad de la obligación.
El Magistrado considera
oportuno complementar la
competencia objetiva por razón de la materia con el artículo 212 de la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario [del año 2001] , que señala “Los
juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre
particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los
siguientes asuntos:
1. Acciones declarativas, petitorias,
reivindicatorias y posesorias en materia agraria.
(Omissis)
8. Acciones derivadas de contratos
agrarios.
(Omissis)
15. En general, todas las acciones y
controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria (Negrillas
del Tribunal).
De la norma
anteriormente transcrita se desprende que toda acción donde de una u otra
forma esté involucrada la actividad agraria, le corresponde la Jurisdicción agraria.
Ahora bien, el
artículo 23 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario [del año 2001],
prevé:
Artículo 23: La
actividad productiva agraria que se efectúe fuera de la poligonal rural gozará
de la protección y trato preferencial establecido en el presente Decreto Ley,
quedando sometida a la jurisdicción especial agraria.
De las normas
supra mencionadas, se deriva que a los efectos de considerar la naturaleza
agraria de un asunto determinado, no es necesario que la extensión territorial
donde se lleve a cabo la actividad agraria esté dentro de un predio rústico o
rural. puede ser también que esta se efectué dentro de un inmueble ubicado en
una poligonal urbana, gozando del mismo amparo y trato especial que ofrece la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrario para este tipo de actividad productiva,
quedando sometida a la jurisdicción especial agraria la resolución de las
controversias que se susciten con ocasión de ella.
Por otro lado, el 26 de febrero de 2013, el
Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del
Estado Mérida, con sede en El Vigía, también declaró su incompetencia para conocer del asunto propuesto y
planteó conflicto de no conocer, con base en lo siguiente:
·
El artículo 42 del
Código de Procedimiento Civil, determina la competencia objetiva, al
establecer:
Artículo 42: Las demandas
relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del
lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del
lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado;
todo a elección del demandante.
INMUEBLE ENTRE
VARIAS JURISDICCIONES:Cuando el
inmueble esté situado en territorio correspondiente a dos o más jurisdicción,
la demanda se podrá proponer ante la autoridad judicial de cualquier de ellas,
a elección del demandante.
Una vez, examinadas
y analizadas las actuaciones del presente proceso relativo al reconocimiento en
contenido y firma, protocolización de documento, el Tribunal observa lo
siguiente:
La parte actora
expuso parcialmente lo siguiente:
·
El artículo 197 de
la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece:
ARTÍCULO 197: Los juzgados de
primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se
promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
(Omissis)
·
En sentencia de fecha 10 de junio de 2009, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, se estableció lo siguiente:
(…) todos aquellos inmuebles susceptibles de
explotación agropecuaria gozan de protección especial, por tanto, quedó establecido
un fuero atrayente de los Juzgados de Primera Instancia Agraria para conocer y
decidir (…) de “…todas las acciones y controversias entre
particulares relacionadas con la actividad agraria”; entendiendo la
Sala que ello es así, dado que la jurisdicción especial agraria trata, entre
otras cuestiones, lo relativo a la protección y fomento de las actividades
agropecuarias, las cuales tienen para el país un importante interés en las
áreas económicas y alimentaria, en los términos reconocidos en los artículos
305 y siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.
Ahora bien, de las
transcripciones anteriores, este Tribunal considera que no es competente
para conocer de la solicitud de reconocimiento en contenido y firma, protocolización
de documento, en virtud de que la misma debe realizarse por ante el Tribunal de Primera Instancia
Civil del sitio donde se encuentre ubicado el bien objeto de tal solicitud o el
lugar del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el
contrato, según lo establecido por el artículo 42 del Código de procedimiento
Civil; asimismo, del análisis del artículo 197 de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario, no establece que los reconocimientos en contenido y firma, protocolización de
documento sean regulados o expedidos por la jurisdicción agraria, razón por la
cual acogiéndonos al artículo 42 y al criterio del Tribunal Supremo de
Justicia, es por lo que este Tribunal, se declara incompetente por la materia
(…)
Así las cosas, el
conflicto de competencia se produjo porque, después de haber determinado el
tribunal declinante, la condición agraria del inmueble objeto del contrato de
opción de compraventa que dio lugar a la interposición de la demanda, el
tribunal declinado aplicó el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, que
establece cuál es el tribunal competente para conocer de las pretensiones
relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles.
En efecto, el
citado artículo 42 del Código de Procedimiento Civil dispone:
ARTÍCULO 42: Las demandas
relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la
autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio
del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de
hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante.
Cuando el inmueble
esté situado en territorio correspondiente a dos o más jurisdicción, la demanda
se podrá proponer ante la autoridad judicial de cualquiera de ellas, a elección
del demandante.
Como se observa,
la disposición transcrita establece la competencia por razón del
territorio, cuando la demanda versa sobre derechos reales inmobiliarios,
de modo que no podía servir de fundamento para atribuir la competencia por razón
de la materia al “Tribunal de Primera Instancia Civil del sitio donde se
encuentre ubicado el bien objeto de tal solicitud o el lugar del domicilio del
demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato”, como lo
hizo el Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción
Judicial del Estado Mérida, con sede en El Vigía.
En cuanto a la
competencia material –que amerita ser establecida antes de la territorial , el
artículo 28 del Código de Procedimiento Civil preceptúa que la misma se
determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las
disposiciones legales que la regula
En este orden de
ideas,
los artículos 197, numerales 1, 8 y 15, y 198 de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario –publicada en Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario del 29 de julio de
2010– disponen, respecto de la competencia de los tribunales de la jurisdicción
especial agraria, lo siguiente:
Artículo 197. Los juzgados de primera instancia agraria
conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la
actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
1. Acciones declarativas, petitorias,
reivindicativas y posesorias en materia agraria.
(Omissis)
8. Acciones derivadas de contratos agrarios.
(Omissis)
15. En general, todas las acciones y controversias
entre particulares relacionados con la actividad agraria.
Artículo 198. Se consideran predios rústicos o rurales, para
los efectos de esta Ley, todas las tierras con vocación de uso agrario fijadas
por el Ejecutivo Nacional.
Ahora bien, la
determinación de los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los tribunales con
competencia agraria, ha sido objeto de análisis por parte de esta Sala Plena:
Al respecto, en sentencia Nº 69 del 8 de julio de
2008 (caso: Miguel Ovidio Altuve),
se resaltó que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales viene
determinada, no por la naturaleza de la pretensión planteada, sino por el
objeto sobre el cual recaiga.
en este sentido, se sostuvo:
(…) las
pretensiones que pueden ser planteadas por ante la jurisdicción especial
agraria no son sustancialmente diferentes de aquellas que pueden ser propuestas
por ante la jurisdicción civil; así se deduce de lo establecido en el
artículo 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el cual se señalan
los asuntos que forman parte de la competencia de los tribunales de primera
instancia agraria. Entre tales asuntos se incluyen pretensiones que,
por su naturaleza, son idénticas a aquellas que pueden proponerse ante la
jurisdicción civil ordinaria, pero que tienen como característica distintiva el
objeto sobre el cual versan, el cual es siempre un objeto propio de la materia
agraria.
Así, por ejemplo,
a la jurisdicción agraria corresponde conocer sobre las “acciones declarativas,
petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria”;
así como sobre el “deslinde judicial de predios rurales”, o de
las “acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de
servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios”,
entre otras.
Es evidente que a
la jurisdicción civil ordinaria corresponde también conocer, por ejemplo, de
acciones declarativas, reivindicatorias y posesorias, así como de las acciones
de deslinde o de las relativas al uso, aprovechamiento, constitución de
servidumbres y demás derechos reales, siempre que dichas pretensiones no versen
sobre materia agraria, predios rurales o inmuebles para fines agrarios.
Estima la Sala,
por ello, que la materia propia de la especial jurisdicción agraria se
configura en función del objeto sobre el cual versan las pretensiones que ante
ella pueden deducir los particulares, y no en virtud de la naturaleza de la
pretensión en sí, la cual, al igual que en el ámbito civil ordinario, puede ser
declarativa, petitoria, reivindicatoria, posesoria o de cualquier otra
naturaleza.
Ahora bien, en
este sentido, previamente, en
sentencia Nº 200 del 14 de agosto de 2007 (caso: Aníbal Jesús Núñez Beauperthuy contra Agropecuaria La Gloria, C.A.),
se acogió el criterio sentado por la Sala de Casación Social de este Supremo
Tribunal, en Sala Especial Agraria, en decisión N° 523 del 4 de junio de 2004
(caso: José Rosario Pizarro
Ortega contra el Municipio Obispos del Estado Barinas), en
la cual estableció:
(…) [P]ara que sea
determinada la competencia genérica de los Juzgados Agrarios se tendrá como
norte la naturaleza del conflicto en función de la actividad agraria realizada,
debiendo cumplir el mismo con los siguientes requisitos:
·
Que se trate de un
inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de
esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta
actividad.
·
Que dicho inmueble esté ubicado en el medio
urbano o en el medio rural, indistintamente.
Ahora bien, a lo largo del análisis del expediente bajo estudio, EL Magistrado
Ponente logra aclarar los siguientes puntos:
a. El actor demanda el reconocimiento del contenido y firma de un documento privado, contentivo de un contrato de
opción de compraventa celebrado el 3 de mayo de 2011, entre él y la sociedad
mercantil “AGROTEJAS” (demandada).
b. La demandada en ese documento se obligó a
venderle, y el actor a comprarle a aquélla, un bien inmueble constituido por un
lote de terreno ubicado en la aldea La Sabana, parroquia La Trampa, municipio
Sucre del estado Mérida, cuya superficie es de ciento treinta y ocho mil
setecientos setenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados (138.775,54 mt2), por un precio de cuatrocientos cincuenta
mil bolívares fuertes (Bs. F. 450.000,00), de los cuales el promitente
comprador pagó, al momento de la firma del referido contrato, la cantidad de
cuatrocientos mil bolívares fuertes (Bs. F. 400.000,00) –en efectivo y mediante
cheque emitido por la ciudadana Sioly del Carmen Rondón Varela, cuya cédula de
identidad no consta en autos–, y el monto restante, de cincuenta mil bolívares
fuertes (Bs. F. 50.000,00), sería pagado en la fecha de protocolización.
c. La demanda plantea la pretensión en los siguientes términos: Que se
condene a la accionada a extenderle el documento de propiedad respectivo y si se negare a hacerlo, que la sentencia
definitiva sirva como título suficiente de propiedad previa protocolización,
señalando el actor que depositaría el monto faltante del precio acordado, una
vez efectuada la inscripción del documento ante la Oficina de Registro Público
correspondiente.
d. En las actas procesales se verifica que el
demandante se identifica, reiteradamente, como “productor agrícola” o
como “agricultor” –en el escrito libelar (f. 1) y en pruebas
documentales anexas al mismo, a saber, contrato de opción de compraventa (f.
88) y justificativo de testigos (f. 90).
e. En el acta
constitutiva de la sociedad mercantil Agropecuaria La Hacienda de la Casa
E’Tejas, C.A. (AGROTEJAS), se indica como su objeto social, “(…) la
explotación de fundos agropecuarios, la cría de ganado vacuno, la compa-venta
de ganados y sus productos, la transformación de los productos de la ganadería
y la agricultura, también la compra y venta de fundos agropecuarios, la
adquisición, venta o permuta de toda clase de ganado (…)” (f. 21 y su vto.)
f. EEn lo que respecta en particular al inmueble
objeto del mencionado contrato de opción de compraventa, el mismo formaba parte
–según alegó el actor– de un lote de terreno de mayor extensión, el cual fue
adquirido por la parte accionada el 4 de junio de 1986; en este sentido, en la
copia certificada del documento inscrito en la Oficina de Registro Público del
Municipio Sucre del Estado Mérida, en la fecha antes indicada, bajo el N° 144,
Tomo 4, Folios 25 vto. al 31 vto., Protocolo Primero, ese inmueble de mayor
extensión se identifica como un fundo agropecuario (f. 104, vto.).
g. En el
contrato de opción de compraventa que dio lugar a la interposición de la
demanda, se hace constar que “(…) la presente opción a compra se hace
mediante documento privado, hasta tanto ‘EL VENDEDOR U OFERENTE’ tramite la
permisología correspondiente por ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI)
para lo cual queda obligado a los fines del traspaso de propiedad definitiva”
(f. 88, vto.).
h. En el justificativo de testigos, se le preguntó a
la ciudadana Sioly del Carmen Rondón Varela –cuya cédula de identidad no consta
en autos–, Si sabe y le consta que el
cheque anteriormente mencionado por la cantidad de ciento veinte mil Bolívares (Bs.
120.000) le fue entregado al ciudadano
Fermín Prado Boscán, era para cancelar parte de un negocio de opción de
Compra-Venta, de un lote de terreno agrícola” (f. 90, vto.), a lo cual
respondió afirmativamente (f. 97).
Por lo tanto,
visto que el objeto sobre el cual recae la pretensión es un inmueble
constituido por un terreno con vocación agraria –lo cual queda corroborado por
la necesidad de tramitar “la permisología correspondiente por ante el
Instituto Nacional de Tierras (INTI)”–, y visto además que ello activa el
fuero atrayente de la jurisdicción especial agraria, se concluye que el competente
para conocer y decidir la demanda interpuesta en el caso sub iudice, es el Juzgado Primero
de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida,
con sede en El Vigía. Así se decide.
Finalmente, por las razones antes expuestas, esta Sala Plena
del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO:
Que es COMPETENTE para conocer del conflicto negativo de
competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado
Mérida, y el Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de esa misma
Circunscripción Judicial, con sede en El Vigía.
SEGUNDO: Que el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, CON SEDE EN EL VIGÍA,
es el competente para conocer de la demanda de reconocimiento del contenido y
firma de documento privado, y protocolización de título de propiedad,
interpuesta por el ciudadano Milton Cáceres Alvarado, contra la sociedad
mercantil Agropecuaria La Hacienda de la Casa E’Tejas, C.A. (AGROTEJAS).
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